La certificación de competencias ocupacionales
Las personas aprenden en diversos espacios y momentos, no sólo se aprende en contextos institucionalizados como los ámbitos educativos o en intervenciones de formación o capacitación, sino que también aprenden en la experiencia laboral, social o familiar, es decir, en la vida misma, por cuenta propia o con el apoyo de colegas, mentores, líderes, situaciones y desafíos, etc.
Por ese motivo la certificación de competencias es el reconocimiento público y formal de las capacidades demostradas por las personas, independientemente de la forma en que éstas hayan sido adquiridas.
Una vez que un trabajador o trabajadora es evaluado en un perfil ocupacional el certificado es otorgado por un organismo competente como Uruguay Certifica que acredita formalmente las competencias adquiridas por la persona en contextos formales, no formales o informales, evaluándolas conforme a estándares predefinidos.
La certificación de competencias permite a:
Los trabajadores:
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Demostrar y hacer visibles sus competencias laborales.
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Obtener un reconocimiento social de sus competencias.
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Conocer sus fortalezas y áreas de mejora en el desempeño laboral.
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Mejorar sus condiciones de empleabilidad (inserción, reconversión, movilidad laboral)
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Profesionalizar su función.
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Orientar mejor una trayectoria formativa o de desarrollo de carrera.
Las organizaciones:
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Mejorar su productividad y competitividad.
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Disponer de un mecanismo para conocer y detectar brechas de formación en los trabajadores de su empresa.
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Rentabilizar su inversión en capacitación/formación.
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Mejorar la gestión de recursos humanos.
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Mejorar clima laboral, retención y fidelidad.
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Dar señales sobre la calidad de sus equipos de trabajo.
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Cerrar el círculo virtuoso de calidad (productos-procesos-personas).
Las políticas públicas:
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Reconocer, a través de un mecanismo validado, las competencias laborales de las personas con independencia de cómo fueron adquiridas, contribuyendo a la equidad y fortalecimiento de las políticas de educación y empleo.
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Contar con información generada y validada por las empresas para orientar la oferta de desarrollo de personas trabajadoras.
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Acercar e integrar la oferta de formación profesional a un sistema de competencias laborales y a las necesidades del mercado del trabajo.
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Mejorar la calidad, pertinencia y flexibilidad de la oferta de programas de desarrollo para las personas que trabajan.
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Reducir asimetrías de información que impactan en la movilidad laboral y empleabilidad de las personas.